La Reforma Educativa parte de algo fundamental ya que la función
que se establece en el artículo 3º constitucional, en el cual queda plasmado
que el Estado está obligado a proporcionar una educación encaminada ha:
“desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia”
Función que hoy por hoy no se estaba logrando y era tiempo de
reflexionar y trabajar al respecto.
En el texto se reconoce que, aunque ha habido avances en educación,
existen carencias que hay que solventar. A estas alturas son muchas
las exigencias, inconformidades y
propuestas de la sociedad y de los mismos actores del hecho educativo a las que
hay que atender, además de los requerimientos que dictan los nuevos tiempos, pero
sobre todo, el argumento más importante y por el que vale la pena confiar en
este Reforma, es el de lograr justicia social.
Tanto en el documento “Por una
educación de calidad con equidad”, como en “Pacto por México” y ahora también en la Reforma Educativa, el
Presidente Enrique Peña Nieto,
le ha dado un papel prioritario a la calidad
educativa, misma que concibe unida a la preparación de los docentes en
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, y que no puede darse sin que
el alumno cuente con la alimentación
y salud adecuadas, además de
proporcionarle las nuevas herramientas
que le darán una formación científica y tecnológica. Sin embargo lo más valioso
es que concibe esa calidad de una manera inclusiva, sin dejar a ningún niño o
joven fuera de ella.
Dado que la calidad educativa
es un imperativo del Estado, tal como se refleja en la Constitución, están justificas las modificaciones legales y la
creación de acuerdos entre el gobierno federal, el estatal y el sindicato para
su logro.
En la Reforma se reconoce que intervienen muchos factores en el proceso educativo: padres de familia, autoridades, planes y programas, infraestructura,
maestros etc., pero definitivamente es el desempeño docente el más significativo de todos.
Menciona también los diferentes roles
que deben realizar los directores
y supervisores, y que no siempre
son ejercidos por las personas más capaces ni con el perfil adecuado, por tanto
urge que exista un servicio profesional docente que atienda “su ingreso, promoción y permanencia en la
educación básica y media superior que imparta el Estado, mediante mecanismos
que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias
de quien aspira o se encuentra dentro del servicio”.
En el rubro de la evaluación,
se expone la necesidad de elevarla a órgano
normativo nacional y dotarlo de autonomía constitucional, para que tenga
las atribuciones de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo
Nacional en el ámbito de la educación preescolar, primaria, secundaria y media
superior. “La evaluación tiene una elevada importancia y es un instrumento
poderoso para el mejoramiento de la educación.
Evaluar es medir, analizar e identificar fortalezas y debilidades para producir
un diálogo fructífero tendiente a la calidad y la equidad”.
